El diputado del PRO Federico Pinedo presentó un proyecto para regular a los proveedores de Internet. Qué dice la propuesta y cuáles son sus riesgos.
Por Agustín Fontaine
@agustinfontaine
Desde que Federico Pinedo, legislador del PRO, presentó un controvertido proyecto de ley para regular a los proveedores de Internet, las respuestas de especialistas y consultores sobre los riesgos del estancamiento de la Web no pararon de llover.
El proyecto se hace eco de iniciativas similares en Europa y América latina, como la llamada ley Sinde aprobada recientemente en España y la ley Lleras que se debate Colombia.
Se trata de proyectos de regulación de la Web en vistas a asegurar el cumplimiento de las leyes de copyright bajo la restricción de contenidos y de descargas.
En Argentina, el “proyecto Pinedo” propone un nuevo debate sobre el riesgo de limitar la libertad de expresión.
Los puntos de mayor conflicto son los artículos 5 y 6 del proyecto:
Artículo 5º. Los Proveedores de Servicios de Internet serán responsables por la transmisión o retransmisión de contenidos generados por terceros exclusivamente cuando los propios Proveedores de Servicios de Internet sean quienes originen dicha transmisión o retransmisión, o cuando modifiquen o seleccionen los contenidos y/o seleccionen a los destinatarios de la información transmitida o retransmitida. Se entenderá por modificación a la variación concreta, parcial o total, del contenido, pero no a la variación estrictamente técnica del formato de los contenidos transmitidos o retransmitidos.
Artículo 6º. Los Proveedores de Alojamiento, los Proveedores de Contenidos y los Proveedores de Servicios que ofrezcan enlaces a otros sitios webs u ofrezcan información provista por terceros, serán responsables respecto de la información provista por los terceros exclusivamente en los casos en que tengan conocimiento efectivo de que la información almacenada viola normas legales o derechos de terceros.
En diálogo con Beatriz Busaniche, de fundación Via Libre, constatamos que “el problema central es que las empresas van a tratar de cubrirse, porque si saben que algo era ilegal y no lo bajan, van a ser responsables, por lo tanto, se va a ir a un sistema de dar de baja velozmente”
Además, la libertad de expresión se ve atacada en cuanto que la ley preve que si un ciudadano encuentra como ofensivo un comentario de un blog o de un sitio, éste debe ser retirado una vez hecha la denuncia. Busaniche asegura que “lo que está mal es que esto se salta el debido proceso, viola la presunción de inocencia y censura preventivamente. La comparación para ver la importancia, siempre es sencilla cuando lo aplicás a un medio: dan de baja un programa de radio o TV porque alguien se haya quejado de algo o se espera una resolución judicial? Y en tal caso, ¿no se va por la vía más garantista para evitar la censura? Bueno, en Internet debería ser lo mismo”.
De esta manera, la ley impone a los proveedores de internet un rol de censura previa y de policía, obligándolos a censurar de manera anticipativa al proceso judicial correspondiente.
Aunque las prestatarias no desearían la aprobación de esta ley, de ser aprobada las menos perjudicadas serían las grandes prestatarias, que son las únicas que podrían mantener un aparato de control suficiente para no estar constantemente en causas judiciales.
El diputado, en el sitio web del PRO (ver video) , señala que cree que internet debe ser libre y no debe estar regulada, pero en la práctica, los artículos antedichos no se condicen con el discurso.
Pinedo convocó a periodistas y especialistas a abrir el debate, pero no convocó, por ejemplo, a periodistas del diario Página 12, según este medio lo anuncia.
Para seguir profundizando puede consultar a la fundación Via Libre, que desde hace años viene profundizando en el tema.
