A un año de la sanción de la controversial ley de servicios de comunicación audiovisual, aún no se registran cambios sustanciales en el esquema de medios del país.
La ley de servicios audiovisuales continúa en tela de juicio
Por Ayelén Barrale
@ayebarrale
La puesta en práctica de la ley de servicios audiovisuales en Argentina sigue presentando dudas y zonas grises. A un año de su sanción, y mientras algunos puntos se discuten actualmente en la Justicia, la democratización del acceso y la producción de medios audiovisuales está todavía en los papeles, pero no completamente en la realidad.
Para Norma Morandini, senadora nacional por Córdoba, una de las cuestiones pendientes es que “aún no se termina de construir la comisión bicameral que debe hacer el seguimiento de la ley”. En ese sentido, la legisladora dijo a CUPMultimedia que la ley “está inhibida porque los que tendríamos que hacer el control sobre la misma, aún en su mayoría no hemos constituido tal comisión”.
A un año de entrar en vigencia, la discusión continúa fijándose también en el artículo 161 de la ley, conocida como la “claúsula de desinversión”, que estipula los plazos fijados para que las empresas se desprendan de licencias con el objetivo de evitar la concentración en pocas manos. ”Lo que veo es que se presenta esta ley en nombre del combate a un monopolio y no se dan cuenta que se va configurando otro monopolio pero de carácter público”, sentenció Morandini.
“La cuestión viene de que los medios privados gestionan un valor universal que es la libertad de expresión. Las tensiones que se generan por esto encuentran solución en limitar la libertad con responsabilidades y códigos deontológicos. Si Clarín es un medio dominante y monopólico, hay numerosos instrumentos constitucionales para evitar el monopolio pero son leyes comerciales, no leyes de medios y contenidos”, añadió la senadora.
Sin embargo, para Gabriel Mariotto, presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de los Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la implementación de la norma ya es palpable. “El principal avance de la legislación vigente es el cumplimiento de las cuotas de producción, y que en el interior ya empezaron a aparecer producciones que se encontraban vedadas”, indicó en el blog del organismo.
Un caso particular que sirve de evidencia ocurrió en Mendoza, provincia que acaparó todas las postulaciones en proyectos para Televisión Digital de la región mediante el concurso efectuado por INCAA. Estos proyectos están en vías de producción, aunque el mayor interrogante recae en su articulación con la ley actual.
Según el comunicador social Martín Becerra “el tema sobre televisión digital es una zona gris en la legislación actual”. Desde su punto de vista, en el interior del país las productoras de contenidos no están preparadas para hacer frente a esta tecnología, tanto por los costos que implica su implementación, como por los aspectos legales para su regulación y funcionamiento. En definitiva todo indicaría que estas producciones podrían quedar truncas.
¿Qué pasa con las sanciones?
Gustavo Bulla, director Nacional de AFSCA, ”Clarín está acumulando sanciones graves y peligra su licencia”. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que si existen cuatro sanciones graves al año se inicia automáticamente el proceso de caducidad de licencia.
Pero en el mismo apartado del artículo 111 se manifiesta que la emisión de dichas sanciones deben tener un tratamiento transparente y ser de conocimiento público inmediato. ¿Cuáles son esas sanciones? Sólo conocemos el controversial caso de Fibertel, donde el grupo Clarín entró en conflicto judicial con el gobierno por la explotación de este servicio. Las restantes sanciones que podrían recaer sobre este grupo de multimedios se desconocen.
“Como legisladora, el que una ley termine en la Justicia es prueba de que no hemos trabajado bien esa ley. Me perturba mucho la confusión que hay sobre lo público y el gobierno; lo público no pertenece al gobierno y una ley no es democrática por sustituir una ley de la dictadura sino cuando todo su articulado es democrático, aquí persisten las dudas”, concluyó Morandini.
Así, mientras la comisión bicameral de seguimiento de la ley no está constituida; los proyectos de televisión digital en el interior podrían quedar truncos y las sanciones por incumplimiento no cumplen con el requisito de transparencia, el escenario se plantea más como una lucha de intereses entre lo público y lo privado que como un verdadero debate sobre la libre circulación de la información para informar, educar, entretener y transmitir cultura a través de los medios de comunicación.
Todos tiran, pero nadie afloja.
