Hace seis años que Fernando Carrera, imputado arbitrariamente, cumple su condena de 30 años de prisión en el penal Marcos Paz. Jueces interesados y policías desmedidos contribuyen con la “justicia del revés”.
Fernando Carrera junto a Enrique Piñeyro en la filmación de Rati Horror Show (Fuente:www.elratihorrorshow.com).
Por Carolina Luna
@caromoon05
En el “reino del revés” la corrupción es meditada, la justicia es injusta, los “buenos” pagan los errores, la policía reprime y encubre, los jueces justifican y perdonan, la sociedad asiente y sigue adelante.
A seis años de la condena a Fernando Carrera la Corte Suprema permanece en silencio. Considerando que la Procuración General de la Nación encabezada por Esteban Righi le recomienda a la Corte confirmar la sentencia a Carrera, que ganen los justos es una premisa anticuada. Por más que la Constitución Nacional proclama que “todo ciudadano es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario”, el reino del revés acepta flexibilidades. Veamos un ejemplo.
En 2005 Fernando Carrera fue declarado culpable por la muerte de tres personas, al ser identificado como autor de un robo a mano armada e intercambio de disparos con la policía. Los medios aportaron su cuota a la viabilidad del arreglo de los jueces, fiscales y efectivos de la comisaría 34 de Pompeya, al titular la arbitrariedad sufrida por Carrera como una “condena ejemplar”.
Sospechosamente, Rubén Maugeri, dueño de la peluquería del barrio, quedó como único testigo de lo ocurrido. Trastocó su alegato al afirmar en primer lugar que vio a Carrera disparar desde el interior de su vehículo para luego desmentir dicha versión.
Recién se consideraron otras versiones cuando Enrique Piñeyro, autor de la película Rati Horror Show, se preocupó por investigar el caso y reunir pruebas suficientes para demostrar la inocencia de Carrera. Llama la atención que un joven de 27 años, sin antecedentes penales decida efectuar un robo utilizando su propio vehículo.
En un principio se lo culpó de haber cometido dos robos, mas luego se llegó a la conclusión que fue sólo uno y que “demostró un desprecio absoluto por la vida de sus semejantes”, según Hugo Cataldi, juez de la causa.
La veracidad de los hechos entra en duda al cuestionar el procedimiento policial. Para empezar, los propios damnificados no reconocieron a Carrera como autor de los supuestos delitos. Tampoco se realizaron pruebas dactilares al arma “utilizada” por Fernando. La policía afirma que Carrera disparó contra ellos, a pesar que ningún testigo avala la versión. Las pericias practicadas al auto protagonista del robo (perteneciente a Carrera) indican que los disparos fueron efectuados de afuera hacia adentro, esto es: el “delincuente” nunca disparó.
Los policías de la Comisaría 34 sostienen que Carrera manejó a contramano por cinco cuadras atropellando a tres personas. No obstante, ningún testigo puede afirmar el recorrido del supuesto culpable. Los policías estaban vestidos de civil y en ningún momento se identificaron como tal. Inclusive, parte de la evidencia secuestrada en el interior del móvil policial (no autorizado para operativos) que indicaba su presencia en la Avenida Sáenz, se perdió en una inundación de la comisaría.
Tanto fiscales como jueces arribaron una hora despúes de lo acontecido. El mismo efectivo policial a cargo de reunir testigos, Adolfo Leyes, afirmó no haber estado el dia de los hechos sino haber colaborado judicialmente al dia sigueinte. No obstante, en las filmaciones televisadas se lo vio dándole indicaciones a Maugeri. Por último, el abogado defensor asignado a Carrera, Fermín Iturbide, había defendido a los efectivos policiales en el juicio por Ezequiel Demonti.
Todo indica que Carrera es víctima de una causa mal planeada, que hasta el día de hoy los jueces avalan. “Un juez que por cubrir a la policia justifica o acepta testimonios falsos es más delicuente que los delincuentes”, afirmó Gonzalo Echenique, abogado penalista.
Según el artículo 269 del Código Penal, los jueces que “dictaren resoluciones contrarias a la ley o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas, quedarán inhabilitados en su ejercicio a perpetuidad”. Sin embargo, Cataldi e Iturbide continúan su ejercicio sin sobresaltos.
“El sobreseimiento, el gatillo fácil, la tortura o las detenciones arbitrarias, son herramientas clásicas de la justicia. Está “naturalizada” la represión, la justicia del interés”, concluyó Carmén Verdú, representante de la organización CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).
A su opinión adhiere Nicolás Castiglioni, representante de Abuelas de Plaza de Mayo delegación Córdoba, quien añade que en la Argentina el gatillo fácil tiene que ver con la historia de una policía que ha sido formada para reprimir. “La policia tiene cuestiones de manejos de fondos mafiosos. También, desde el hecho que cualquier persona puede ser detenida por el simple hecho de estar en la calle, colabora a que la policía actúe con impunidad”.
Parece difícil desligar la justicia del poder político. Cuesta pensar en una justicia independiente donde los jueces se nombren por concurso y trayectoria, independientemente del vínculo con el político de turno. “Hoy el Consejo de la Magistratura es un resorte del poder político”, concluyó Echenique.
CUPMultimedia intentó obtener el testimonio de la policía, pero los efectivos policiales consultados prefirieron refugiarse en un “vos nos querés dejar mal parados”.
En Córdoba la causa de Fernando no forma parte del debate diario. Sí dicen presente organizaciones de derechos humanos como la delegación H.I.J.O.S o Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, que desde la labor de la aún no definida Comisión de Código de Faltas, intentan con marchas (como la “Marcha de las Gorras”) y reuniones semanales apostar al diálogo y reflexión en un intento por desnaturalizar el funcionamiento selectivo de la justicia.
José María Luque, miembro de la organización Colectivo de Jóvenes, destacó que “luchamos para dejar en evidencia las detenciones arbitrarias de la policía en Córdoba, que se vale de contravenciones para tenerte tres días guardado por nada“.
Nilda Garré, ministra de seguridad de la Nación, afirmó que es “preciso terminar con el autogobierno de las fuerzas policiales”. Fernando Carrera hoy es víctima de la impunidad institucional y la mirada desinteresada de la justicia. No es el primer caso, mas la justicia es una apuesta al futuro, para que no pase lo mismo, para evitar contemplar la posibilidad “puedo ser el próximo”, para que el tiempo de vida pagado por Carrera no sea en vano.
